En julio de 1997, los tucumanos se sorprendieron ante una imagen por demás insólita: una enorme topadora amarilla apareció estacionada en la puerta de la Casa de Gobierno, precisamente en la esquina de 25 de Mayo y San Martín. El pesado vehículo escondía un mensaje, dado a conocer de inmediato a la prensa por el gobernador de ese entonces, Antonio Bussi: buscaba desalentar las protestas de una empresa de remises en particular que operaba con excesos de libertades en nuestra provincia. Pero el mensaje subyacente, la cara oculta de la topadora que amenazaba con pasarles por encima a los remises que alteraban la paz social, era que en realidad el Gobierno provincial no tenía fuerzas ni sabía cómo controlar de manera institucional la situación, y por eso debía recurrir a un recurso histriónico de amedrentamiento que no sólo no logró los resultados que se esperaban -no decayeron ni el poder ni la actitud de los remiseros- sino que dejó expuestas las falencias del sistema de gobierno. Hoy, 14 años después, una parafernalia distinta, cargada de tecnología, destinada a un problema distinto, exhibe nuevamente que el Estado -esta vez el nacional- no puede manejar una situación que lo inquieta, como es la sostenida demanda de dólares por parte de los pequeños ahorristas, esos que no tienen gran incidencia en la economía por los montos que manejan, pero cuyo humor (o malhumor) puede desencadenar el caos.

En la última semana, inspectores de la AFIP se instalaron en plena City tucumana para fiscalizar el movimiento cambiario en bancos y en agencias de la actividad. Sin ninguna intención de pasar inadvertidos, montaron una antena de transmisión en una vereda de San Martín al 700, de esta ciudad, con el objeto de corroborar los datos de los ahorristas que iban en busca de dólares. Tras el episodio, desde las casas de cambio se admitió que hubo una leve disminución de las transacciones con la divisa estadounidense por efecto del accionar del organismo recaudador, pero a muchos les quedó claro dos cosas: que efectivamente hay una demanda de dólares que preocupa al Gobierno, y que en lugar de instrumentarse acciones tendientes a que mejore la alicaída imagen del peso, la moneda argentina, se prefiere asustar a los interesados en preservar su dinero con la habitualmente temible AFIP, que encima usa antenas parabólicas y otros equipos tecnológicos para acorralar a los especuladores.

Varios factores exacerban la sensación de que es buena oportunidad para escaparle al peso. Primero, la ya tradicional suba sostenida de precios, que gradualmente va licuando el poder de compra de la población en general, con tasas bancarias por depósitos que van muy por detrás del costo de vida. La gente cada vez se convence más de que el Gobierno nacional no puede controlar la inflación y de que la moneda viene evidenciando un marcado retraso cambiario. Luego, el país atraviesa un período electoral, que se dirimirá en menos de un mes, y se sabe que en la Argentina el dinero le rehuye al cambio y a menudo más le rehuye a la posibilidad de que nada cambie. Otro factor que los inversores evalúan son las crisis en las economías del Primer Mundo, de consecuencias insondables. Para colmo, la sostenida devaluación que viene experimentando el real brasileño incrementa la sensación de que el Gobierno argentino va quedando cada vez más acorralado y de que no podrá eludir la necesidad de acomodar la situación de la economía nacional a la del gigante vecino.

La idea de que una devaluación decantará en la Argentina está cada vez más instalada en los inversores y difícilmente el Gobierno central los convenza de lo contrario con puestas en escena grandilocuentes para provocar temores.